Pese a la crítica situación de inseguridad, las minas son la única opción laboral de cientos.
Foto: Cortesía Universidad de Cartagena
Cuarta entrega de la serie 'Efectos de la Minería en el Caribe Colombiano'.
La explotación ilegal de oro se convirtió en el combustible de los grupos armados ilegales en el sur de Bolívar: cobran millonarias vacunas a los mineros que trabajan en zonas donde tienen influencia, principalmente en la Serranía de San Lucas.
Recientemente el general Santiago Parra, comandante de Carabineros y Seguridad rural de la Policía Nacional, reveló en Cartagena que los ilegales 'vacunan' a los mineros cobrándoles cuatro millones de pesos por cada retroexcavadora que usan en la explotación ilegal de oro.
Según cálculos de la Gobernación de Bolívar, en la Serranía de San Lucas hay actualmente 300 retroexcavadoras. Roberto Camargo, secretario del interior del Departamento, señala que la cifra podría llegar a 400. "Es una estimación que se tiene de acuerdo a las fotografías satelitales que se han tomado", explicó.
Los grupos armados están recibiendo así entre 1.200 y 1.600 millones de pesos mensualmente, sin contar las extorsiones que también le hacen a los mineros artesanales que tradicionalmente han trabajado en la región.
Camargo le contó a este diario que en el negocio interviene actualmente los frentes 35 y 37 de las Farc, también una facción del Eln y la banda criminal 'Los Urabeños'. "Al dueño del negocio no le importa quien venga a cobrarle, al que vaya, le paga. El negocio es tan lucrativo que no les interesa", relató.
Población acorralada
Un informe del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo sobre los riesgos a que está expuesta la población civil por el conflicto armado en los municipios de Ríoviejo y Barranco de Loba, leído por EL TIEMPO y que ya conocen altas autoridades del Departamento, da luces de las terribles consecuencias de este fenómeno sobre la población civil.
La guerrilla de las Farc y la banda criminal de los Rastrojos, reporta el SAT, trabajan juntos en el tráfico de drogas, y entre sus acciones está la "la extorsión a pequeños mineros a quienes les exigen un porcentaje del oro extraído".
Por otro lado la banda de 'Los Urabeños', dice el informe, tiene el control actualmente de la Mina Gloria, en el corregimiento de Pueblito Mejía de Barranco de Loba. Esta mina se ha convertido en su principal fuente de financiación "a través de prácticas ilegales como remuneraciones bajas a los mineros, exacciones y apropiación del mineral, que posteriormente es comercializado por el mismo grupo armado".
'Los Urabeños' tratan de impedir el ingreso a la zona de otra banda, 'Los Rastrojos', para seguir con el monopolio de la mina.
"Para lograr su objetivo 'Los Urabeños' están cometiendo acciones de violencia que afectan a la población civil, particularmente, a los habitantes del corregimiento de Pueblito Mejía, la vereda Cañabate y Mina Gloria que se traducen en trabajos forzados sin paga o pagos ínfimos en el campo de la minería, imponiendo su voluntad a través de amenazas de muerte y homicidios selectivos de gran impacto", alerta el SAT.
El reto, que autoridades peleen juntas
Hace dos semanas la Policía dio uno de los golpes más fuertes del año a la minería ilegal: decomisó 39 retroexcavadoras y cerró 9 minas en Santa Rosa del Sur y Norosí.
Según el comandante de la Policía de Bolívar, el coronel Hugo Casas, con el golpe los mineros y los grupos ilegales dejaron de recibir 150 mil millones de pesos que iban a producir los yacimientos de oro en un año.
En el operativo participaron funcionarios del Ministerio de Minas, el Ministerio de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar. El problema, dice Camargo, se ataca así, de manera interistitucional.
Casas, por su parte, se siente optimista. Tanto el golpe de hace dos semanas, como el de abril pasado cuando capturaron a 37 miembros de bandas criminales, y la caída de alias 'Willy' - peligroso miembro de Los Urabeños- en un ataque del Ejército, son señales para él de que van por buen rumbo.
"Siempre hay temor en la comunidad sobre todo en estos lugares alejados, pero la Fuerza Pública está haciendo lo que corresponde. Que confíen en sus autoridades, es difícil, pero no imposible llegarles a esos señores. No hay sitio vedado para nosotros", dijo.
